Luego de conocerse la suerte de la Ley de Financiamiento –que fue tumbada por la Corte Constitucional– ha surgido una serie de interrogantes sobre el futuro económico del país, pues con esa norma se esperaba el recaudo de unos $7,1 billones.
El alto tribunal determinó que la inexequibilidad de esta ley tendrá efecto diferido, es decir, entrará en marcha desde el primero de enero de 2020. En este tiempo, el Congreso de la República podrá expedir el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contendidos de esta ley.
En rueda de prensa, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz indicó que los efectos de este fallo solo se producirán a futuro.
Teniendo como base que se mantuvieron varios puntos controversiales como los beneficios tributarios a las empresas, el IVA plurifásico a las cervezas, a las plataformas de servicios de modelos para adultos por webcam, además, fijó cambios en la renta de personas naturales, el impuesto al patrimonio, la normalización y la sobretasa, entre otros, la Corte decidió no declarar exequible varios puntos de la iniciativa.
“Hay algo claro y es que la principal calificadora de riesgo, Fitch Ratings, considera que tumbar la ley traería consecuencias neutras, es decir, no cambiaría mucho el panorama actual. En cambio, si se mantiene, el impacto en el crecimiento económico no sería tan positivo como el Gobierno cree”, explicó.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el impacto económico de eliminar esta legislación traerá pérdidas de mil millones de pesos en los próximos diez años. Esto como resultado no solo del no recaudo de los nuevos impuestos, sino de la pérdida de confianza por parte de inversionistas extranjeros. En este punto están de acuerdo los principales gremios como la Andi y Fenalco.
De igual manera, Hacienda sostiene que eliminar esta norma bajará el crecimiento económico en unos 0,8 puntos, es decir, si se preveía que sería de 3,6%, quedaría en 2,8%. En cambio, asegura, mantenerla viva llevaría a Colombia a un crecimiento por encima del 4%, cifra que Fitch Ratings considera poco realista.
Será necesaria entonces otra reforma tributaria, la cual debe ser aprobada en tiempo récord, ya que será difícil mantener un ambiente que facilite la inversión y la generación de empleo en el escenario actual”.
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